La facilidad de comunicarse a distancia ha pasado en estos 170 años por varias tecnologías, primero fue la telegrafía óptica, diez años más tarde se adoptó la telegrafía eléctrica, y se declaró la reserva exclusiva de todas las aplicaciones de la electricidad al Cuerpo de Telégrafos.
Cincuenta años después se desarrollaron otras aplicaciones como la luz y mover motores, liberándose entonces estas aplicaciones y su distribución. A comienzos del siglo XX, con el descubrimiento del efecto semiconductor, durante unos 70 años se fue adoptando la tecnología analógica.
Con la miniaturización y el aumento de la capacidad de cálculo mediante unidades de control, hemos vuelto a la tecnología digital, este segundo cambio ha sido mucho más «repentino», pues se ha producido en apenas una década y media.
Hay que puntualizar también que, durante estos 170 años se ha establecido el marco regulador que confirma el sistema público de garantías en la protección de los derechos de los usuarios a favor del ordenamiento europeo, aunque hay que decir que desde el principio el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones ya estaba presente desde el principio.
Se consolida, pues, la garantía que protege las comunicaciones entre personas, de forma que cualquier supuesto admisible de interceptación de las mismas se presenta como excepcional y rodeado de límites, requisitos y garantías, puesto que, esta práctica afecta a un derecho fundamental de las personas, y sólo el cumplimiento de estos requisitos y garantías permiten que esta afectación no se convierta en vulneración.
Estudios superiores
Siguiendo con el resumen iniciado en la entrada anterior, no centramos en la lucha por el establecimiento de una carrera universitaria que ofreciera y reconociera un título con validez efectiva.
Así, el siguiente hito fue fruto de la ley de ordenación de Enseñanzas Técnicas de 1957. La principal consecuencia fue sacar las escuelas facultativas de los diferentes Ministerios y pasarlas al Ministerio de Educación. España tenía un modelo francés adoptado de la época de Napoleón que regía la enseñanza pública por la Ley Moyano (20-09-1857, «de instrucción pública»). Con esta ley cada año se licenciaban los ingenieros y ayudantes necesarios para la administración pública y unos pocos más, puesto que, según el artículo 25 de esta norma, eran los títulos que permitían ejercer la profesión.
El otro cambio importante fue que se intentó, a pesar de que es algo que todavía no se ha conseguido, que el título no fuera condición suficiente para acceder a la profesión. Entonces se dejó de denominar «Ayudantes de Telecomunicación» para pasar a ser «Peritos». El título de ayudante, según la Ley Moyano, era de enseñanza Superior y Facultativo, se a decir, de derecho inextinguible porque depende de un título que se renueva continuamente, mientras que el de perito era (y es) un título de enseñanza Secundaria recogido también en la ley Moyano. Hay que destacar que este cambio no fue deseado por los profesionales de entonces.
La nueva noma duró solo siete años más, puesto que en 1964 se volvía a dictar un nuevo marco de enseñanza con la Ley de Reordenación de Enseñanzas Técnicas, donde entre otros puntos relevantes, se cambió el nombre de «Peritos» a «Ingenieros» atendiendo a las peticiones de la profesión, pues era evidente que el nombre de perito no se ajustaba al nivel de estudios exigidos para conseguir el título y, además, administrativamente correspondía a la enseñanza secundaria. Sin embargo, la denominación de ingeniero desencadenó una nueva batalla judicial con los ingenieros de grado Superior que no quedó definitivamente resuelta hasta 30 años después con las sentencias del Supremo de 1994.
Lo de «técnico»
Mientras tanto, por un mecanismo no previsto de la ley, alguien se inventó e impuso el complemento «Técnico» después del nombre de Ingeniero para referirse a un ingeniero práctico no científico. Así, todos los «Ayudantes de Telecomunicación» (así como también los «Ayudantes de Obras Públicas») pasaron a ser «Ingenieros Técnicos», cosa que fue impugnada por los afectados, aunque hasta 1968 el Tribunal Supremo no dictó la primera sentencia importante que anulaba el complemento técnico del título de Ingeniero.
Otra anécdota interesante que motivó el cambio de nombre a «Ingeniero» es que fue un requisito indirecto de los americanos para ayudar con subvenciones a España, puesto que el Congreso de los EEUU no autorizaba ayudas a un país con tan pocos técnicos superiores titulados, o sea, ingenieros.
Sin embargo, «técnicamente» la Ley Moyano no se derogó definitivamente hasta que en 1970 se publicó esta Ley de Reordenación. A partir de entonces, se legitimó la profesión de «Ingeniero Técnico», y en 1971 publicación de las facultades y competencias de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Como se dijo, en 1974 se constituye el COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación), al hilo de la Ley 2/1974 de colegios profesionales, que organizaban las profesiones con reserva de actividad como medio más idóneo para controlar la deontología profesional.
En 1986 llegaría la Ley de Facultades y Atribuciones de los Ingenieros Técnicos, donde se reconocen las principales tareas profesionales, proyectos y direcciones, mediciones, docencia, dirección de industrias. En 1999, con la ley de ordenación de la edificación, se reconocen las facultades para construcciones de carácter permanente heredadas de los antiguos Ayudantes de Telégrafos.
Con la llegada del siglo XXI, lo más notorio ha sido la adecuación a la normativa comunitaria, siendo lo más llamativo que, según las directivas europeas, para referirse a lo que entendemos como «telecomunicaciones» hay que emplear el término de «comunicaciones electrónicas». En 2007 se adoptan los acuerdos de Bolonia, determinando los nuevos estudios a «Graduado en Ingeniería de… Tecnologías de Telecomunicación» y a «Máster en Ingeniería de Telecomunicación».
La irrupción de Internet marca un nuevo desafío en la profesión, habilitándose la firma digital como instrumento veraz para visar proyectos, y la imposición a todos los profesionales de fomentar la Administración Electrónica, que obliga a los titulados, los «Ingenieros Técnicos de Telecomunicación», a relacionarse con la Administración Pública por este medio, eliminando definitivamente la posibilidad del papel.
Para más información, visita su web http://coitt.es o llama al teléfono 91 536 37 87.