La preocupación por el absentismo ha crecido entre las empresas españolas a la par que el gasto en prestaciones por incapacidad temporal ha escalado notablemente. Y es que, según datos del Banco de España, dicho importe supera los 15.000 millones de euros y registra un aumento cercano al 78,5% desde 2019.
Al mismo tiempo, los índices de absentismo (un 6,6% en el segundo trimestre de 2024), ha encendido las alarmas sobre el coste directo e indirecto para la actividad económica. Estas cifras explican que muchas organizaciones busquen mecanismos fiables para detectar posibles fraudes y proteger la operativa y la competitividad.
No en vano, el impacto del absentismo no se limita a los pagos por prestaciones: incluye pérdida de productividad, horas no cubiertas, sobrecostes de sustitución temporal y efectos en la moral del equipo.
Además, cuando existen casos de fraude —por ejemplo, trabajadores de baja que realizan actividades incompatibles o trabajan por cuenta propia— el coste reputacional y la percepción de injusticia entre la plantilla pueden agravar el problema.
Es por esto que las empresas deben diferenciar entre absentismo legítimo y conductas que constituyan fraude, y disponer de procedimientos que permitan actuar sin vulnerar derechos ni normativa.
Cómo los detectives privados ayudan a las empresas
En los últimos años, los despachos de investigación privada han registrado un aumento de solicitudes por parte de empresas para investigar bajas médicas cuando existen indicios de irregularidad.
No pocos medios recogen que las investigaciones por ausencias fraudulentas se han convertido en una de las causas recurrentes de contratación de detectives, junto a la investigación de fraude comercial o problemas de seguridad interna.
Estas agencias actúan, en muchos casos, tras un primer filtro interno que detecta patrones atípicos, como repetición de bajas, coincidencia con picos de demanda, evidencias en redes sociales…
Marco legal: cuándo y cómo puede actuar un detective privado
La actuación de los detectives privados en nuestro país está regulada por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. La jurisprudencia y la doctrina administrativa admiten la contratación de servicios de investigación por parte de empresas cuando existe una sospecha fundada y legítima de fraude o incompatibilidad con la situación de incapacidad temporal.
Sin embargo, esta labor debe respetar límites muy concretos: el detective debe estar debidamente habilitado (Tarjeta de Identidad Profesional, TIP), operar desde un despacho autorizado y obtener pruebas mediante actividades lícitas (observación en espacios públicos, comprobación de actividad laboral compatible, etc.).
No están permitidas prácticas que vulneren derechos fundamentales o la intimidad en el domicilio sin autorización judicial. Por tanto, la actuación profesional y la adhesión estricta al marco legal son requisitos ineludibles.
Cómo abordar una sospecha de fraude con garantías
Investigar sospechas no es incompatible con la protección de la intimidad y los derechos del trabajador, siempre que se recurra a profesionales habilitados y se sigan protocolos que garanticen la validez de las pruebas, lo que abarca:
- Documentar indicadores previos: antes de encargar una investigación externa conviene registrar patrones objetivos (fechas, coincidencias, horas de baja repetidas, incidencias previas).
- Consultar con una asesoría jurídica y recursos humanos: evaluar la proporcionalidad de la investigación y prever medidas provisionales (si proceden) que respeten derechos laborales.
- Encargar la investigación a un despacho acreditado: exigir el TIP del investigador, con un contrato claro de encargo, ámbito delimitado y requisitos de custodia de la prueba.
- Preservar la cadena de custodia de la prueba: las pruebas obtenidas deben ser admisibles en un posible procedimiento disciplinario o judicial; por esto, la documentación y el informe pericial deben elaborarse con rigor.
- Mantener la confidencialidad y proteger a las partes: esto es, evitar la difusión interna o externa de acusaciones hasta contar con resultados contrastados.
Qué puede aportar Caralin Group en este proceso
Como achiever, en Caralin Group colaboramos con partners de primer nivel para evaluar la sospecha desde una perspectiva preventiva, coordinar el asesoramiento jurídico laboral, y buscar y contratar despachos de investigación privados acreditados que operen dentro del marco legal.
Un enfoque que reduce el riesgo procesal, protege la reputación de la empresa y garantiza el respeto a los derechos fundamentales. Ofrecemos más información a través del correo administracion@caralingroup.com.