El pasado 11 de octubre, expertos con perfiles sociológicos, jurídicos, tecnológicos y laborales en telecomunicaciones y smart-cities presentaron una jornada técnica sobre la integración de los ciudadanos ante los avances digitales, un pilar fundamental de cara al futuro, ya que España está ocupando un papel de liderazgo en las ciudades inteligentes a nivel mundial.
«Estamos viviendo una revolución de la sociedad basada en las comunicaciones», ha señalado José Javier Medina Muñoz, decano del COGITT y director de la Cátedra de Ciudadanos y Tecnologías Digitales de la UCAM (Universidad Católica San Antonio, conocida también como Universidad Católica de Murcia), por lo que es necesario que se aplique una normativa, presente ya en muchos países, que apueste por los derechos, deberes y protección del ciudadano ante la necesidad de relacionarse con las telecomunicaciones. Se trata de asegurar las comunicaciones que mantienen a diario los ciudadanos y que puedan disfrutar a la vez de ellas con seguridad.
Se trata también de estar preparados para ser efectivos a la hora de abordar los delitos informáticos. Estamos muy cerca de ser víctimas de un robo o estafa por Internet, nuestros datos circulan por una red en la que parte de esos datos se hacen públicos y usurpar una cuenta hoy en día es factible, -se afirmó durante la jornada-.
Por ello pretenden con esta normativa prevenir el uso indebido por terceras personas de toda esa información, desde la protección de la imagen en un negocio que graba cada actividad a sus clientes, hasta el servicio de cualquier tipo con contador eléctrico que mide el propio consumo en un hogar.
«Muchos de los datos de los ciudadanos están cada vez más expuestos en las redes, y por ello es necesario preservar los derechos de los ciudadanos en el creciente entorno digital» afirma Rafael Melendreras, director de Grado en Sistemas de Telecomunicación.
A través de las nuevas tecnologías, los ciudadanos podemos vivir en una ciudad inteligente, utilizando todos los servicios tecnológicos. Manuel Núñez Encabo, catedrático de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid ha afirmado que se trata de «una normativa jurídica que se debe utilizar para que los ciudadanos tengan la garantía de que se protegen sus derechos», como puede ser la protección de datos o la veracidad de las informaciones.
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