La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) ha hecho público hace escasos días su Informe sobre morosidad: estudio plazos de pago en España 2024. Un análisis basado en el muestreo de 500 organizaciones de nuestro país acerca de los tiempos que se manejan en el cumplimiento de las facturas en las operaciones comerciales, tanto en el sector público como en el privado.
El diario CincoDías se ha hecho eco de estos datos, y ha contado con la participación de diversas fuentes para aportar su punto de vista en un artículo publicado la pasada semana. Entre estos, el de Juan Carlos Maté, presidente de Caralin Group, para quien, si bien la tardanza en los pagos a proveedores es un factor crítico para el sector de las pymes, se trata de un elemento que ha evolucionado a mejor en los últimos años, tal como declaraba en una entrevista para la cabecera salmón.
Esta perspectiva es respaldada por el mencionado informe de la PMCM, que señala una reducción en los plazos de pago en el sector privado, situándose en una media de 64 días en 2024, seis menos que el año anterior. Sin embargo, el sector público ha experimentado un retroceso en este ámbito. Por primera vez desde 2014, las administraciones públicas registraron plazos de pago superiores al sector privado, alcanzando una media de 67 días, lo que supone un incremento de 12 días respecto a 2023.

Así, la persistencia de la morosidad representa un obstáculo significativo para la competitividad y supervivencia de las pymes. Resultando esencial que tanto el sector público como el privado adopten prácticas de pago responsables y cumplan con los plazos establecidos por la ley, garantizando así un entorno empresarial más equitativo y sostenible.
En este sentido, Maté detalla posibles estrategias para prevenir o gestionar la morosidad, destacando la importancia de un análisis previo de la solvencia y trayectoria de las organizaciones con las que se establece una relación comercial. No obstante, advierte que este análisis, aunque necesario, no siempre es garantía de que la compañía esté libre de problemas financieros o de que vaya a cumplir con sus compromisos de pago.
Además, subraya la importancia de actuar con rapidez ante las primeras señales de alerta: «Si en el primer mes ya se observan retrasos en los pagos o dificultades para cumplir con las condiciones acordadas, lo más recomendable es cesar la colaboración de inmediato». Sobre este punto, Maté insiste en que prolongar una relación comercial con una empresa que desde el inicio muestra signos de impago puede derivar en problemas mayores a largo plazo.
Asimismo, advierte sobre el riesgo de confiar exclusivamente en la reputación de una compañía sin evaluar su situación real, ya que «el prestigio o la buena reputación de una empresa no son necesariamente indicadores de su salud financiera». Con estas recomendaciones, el presidente de Caralin Group pone de manifiesto la importancia de la prudencia y la anticipación para proteger la estabilidad económica de las pymes.

